Cumple con la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Ambientales

La Ley 21.595 regula y sanciona delitos económicos y ambientales en Chile.
Aplica a personas jurídicas de derecho privado, empresas públicas creadas por ley, empresas y sociedades del Estado, universidades estatales, partidos políticos y personas jurídicas religiosas de derecho público.

Las sanciones pueden incluir multas, suspensión de actividades, pérdida de beneficios fiscales e incluso penas de cárcel para ejecutivos. Es fundamental implementar un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) para mitigar estos riesgos.

Aunque no es obligatorio, disponer de un MPD efectivo puede eximir a la empresa de responsabilidad penal en caso de delitos cometidos en su beneficio. Sin un MPD, la empresa queda expuesta a sanciones más severas.

La implementación del MPD depende de la empresa cliente. En Business Compliance, realizamos:

• El levantamiento de riesgos penales específicos aplicables a la empresa según el catálogo de 237 delitos de la Ley 21.595.

• La identificación y evaluación de los controles existentes.

• La recomendación de controles adicionales para mitigar los riesgos detectados.

Con esta base, la empresa cliente puede implementar el MPD en un tiempo estimado de 1 a 2 meses, dependiendo de su tamaño y complejidad.

La ley abarca 237 delitos clasificados en cuatro categorías según su gravedad, incluyendo corrupción, lavado de activos, delitos ambientales y financieros. Empresas con menos de 25.000 UF en ventas anuales están exentas de algunas categorías.

Sí, la Ley 21.595 incluye delitos cometidos por personas que gestionan asuntos de la empresa ante terceros, con o sin representación. Es esencial que los subcontratistas también cumplan con las normativas para evitar riesgos penales.

Sí, la eliminación de este concepto implica que las sanciones pueden ser más severas, incluyendo penas de cárcel, ya que no se considerará la conducta previa del infractor como atenuante.

Sí, a junio de 2024 se registraron 29 causas terminadas, con los siguientes resultados:

• 24 por soborno entre particulares.

• 2 por receptación.

• 1 por cohecho a funcionario público extranjero.

• 1 por trata de personas y lavado de activos.

• 1 bajo la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA).

Además, existen 35 causas con investigación formalizada, de las cuales 17 están relacionadas con corrupción.
Implementar un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) efectivo es crucial para evitar sanciones y proteger a la empresa frente a estos riesgos.

• En Business Compliance, somos expertos en el diseño e implementación de Modelos de Prevención de Delitos (MPD), asegurando que se ajusten a las necesidades específicas de cada organización. Nuestros servicios incluyen:

  • Desarrollo de Códigos de Ética: Creamos documentos que establecen los principios y valores que guían el comportamiento de todos los miembros de la empresa.

  • Elaboración de Normativas Internas: Diseñamos políticas y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento de leyes y estándares éticos.

  • Servicio de Oficial de Cumplimiento Externo: Asumimos esta función clave para garantizar independencia y efectividad en la supervisión del MPD.

Implementar un MPD no solo protege a la empresa de posibles sanciones legales, sino que también fortalece su reputación y promueve una cultura organizacional ética y responsable.

Sectores como minería, energía, construcción, servicios financieros y comercio minorista suelen tener mayor exposición debido a la naturaleza de sus operaciones, la interacción con reguladores y el uso intensivo de contratistas.

Un modelo efectivo permite:

• Reducir riesgos legales y financieros.

• Proteger la reputación corporativa.

• Asegurar la continuidad operativa.

• Fomentar una cultura ética dentro de la organización.